En el marco de los treinta años de la ley 70 de 1993, que surgió para establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia, se realizó el foro pacífico ‘Territorios colectivos de comunidades negras: apuestas y voces frente al bienestar y un mejor ambiente’, en el Auditorio Lleras de la Universidad de los Andes.
Durante el evento que se desarrolló el 14 de noviembre de 2023, se reunieron la fundación política Friedrich Ebert Stiftung, el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes (CODS), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Movimiento Nacional Cimarrón, el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana y el Foro Nacional Ambiental. El objetivo central fue reflexionar sobre los avances y los retos de la ley 70.
“A partir del derecho de las comunidades es que es factible lograr cambios estructurales para la conservación de la naturaleza y de la vida de las personas. Por eso es que la ley 70 representa un hito significativo”, afirmó Ximena Barrera, directora de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Internacionales del WWF, en el inicio del foro.
“La vulnerabilidad se puede enfrentar desde la protección de los ecosistemas estratégicos de nuestra región. Pero, las respuestas adaptativas solo surgen si se hacen de la mano con las comunidades de base” agregó Juan Camilo Cárdenas, director del CODS de Los Andes.
La ley 70: entre contribuciones y pendientes
El análisis inició con un panel en el que se conversó acerca del cómo ha contribuido la aplicación de la ley 70 en el buen vivir de las comunidades negras y qué se requiere cambiar. La moderadora fue Libia Grueso, cofundadora del Proceso de Comunidades Negras, y los panelistas fueron Angélica Mayolo, abogada y ex ministra de Cultura; Carlos Rosero, integrante del Proceso de Comunidades Negras y María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED).
Como aspectos positivos, los expertos destacaron la disminución de la deforestación en los territorios colectivos y la posibilidad de que las comunidades negras tengan participación en diversos escenarios de la sociedad colombiana. Además, exaltaron la visibilización de los líderes territoriales y la titulación de los 5,7 millones de hectáreas que se les han reconocido.
“Una vicepresidenta como la que hoy en día tenemos es posible gracias a la ley 70. Esos liderazgos existen porque se visibilizaron y empoderaron sus capacidades a nivel nacional”, explicó María Alejandra Vélez.
Los pendientes que identificaron están relacionados con el dominio que aún tienen las economías ilícitas y los grupos al margen de la ley sobre los territorios. Así como la continuación de una deuda histórica en temas de salud, infraestructura, educación pertinente y planeación para solucionar los niveles de pobreza.
“Necesitamos una lectura más integral de las cosas. En muchos puntos, la noción de desarrollo de país aún es contraria a la que piensan las comunidades y es la que propaga la crisis ambiental y climática”, aseveró el activista Carlos Rosero.
De izquierda a derecha: Libia Grueso, cofundadora del Proceso de Comunidades Negras; María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED); Carlos Rosero, integrante del Proceso de Comunidades Negras y Angélica Mayolo, abogada y ex ministra de Cultura.
Los beneficios de la relación entre la academia y las comunidades
La jornada reflexiva tuvo un segundo panel dedicado a plantear los aportes que la academia le ha hecho a los territorios y los ejercicios que se podrían implementar para incrementar la pertinencia. La conversación estuvo moderada por Manuel Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y los panelistas fueron Mabel Torres, ex ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación; Pablo Palacios, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana y Martha Rosero, directora del Programa Afro de Conservación en las Américas.
Ellos manifestaron que la academia ha sido fundamental para generar la apropiación que se requiere, conocer la historia de los pueblos, ayudar a la comunidad a tomar decisiones más robustas, ejecutar investigaciones con mayor profundidad y establecer nuevas visiones educativas.
Bajo la idea de extender el progreso, recomendaron pensar en los problemas, pero también en las herramientas para solucionarlos. Y, adicionalmente, transmitieron que es necesario buscar constantemente escenarios de co creación y tener en cuenta los modos que utilizan las comunidades para tomar sus decisiones.
“Necesitamos construir una generación de relevo y la academia tiene los espacios e instrumentos suficientes para incentivar la apropiación y la participación que se requiere”, aseguró la también licenciada en Biología, Mabel Torres.
De izquierda a derecha: Manuel Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali; Mabel Torres, ex ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación; Martha Rosero, directora del Programa Afro de Conservación en las Américas y Pablo Palacios, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana.
Un examen de la reglamentación
En la última parte del evento, Margarita Flórez, la abogada con especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, moderó una conversación acerca de las oportunidades y las necesidades de la reglamentación de la ley 70. Los expertos que participaron fueron Alexander Rodríguez, de Cocomacia; Mary Carmenza Arriaga, ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia; Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Absalón Suárez, del equipo de Territorio y Ambiente del PCN.
Cada uno de ellos coincidió en que en los artículos 4 y 5 existen múltiples instrumentos que pueden favorecer los planes de etnodesarrollo, el reconocimiento de las mujeres y el conocimiento tradicional, pero falta ponerlos a prueba.
A partir de ese planteamiento, comunicaron que es esencial que se empiecen a realizar proyectos pilotos para fomentar una implementación inmediata en la agenda del año 2024.
Así mismo, aclararon que el gobierno tiene que ser responsable para que los planteamientos de los artículos trasciendan el papel. Pues, desde sus puntos de vista, la efectividad solo podrá evidenciarse si ellos cumplen con sus obligaciones.
“Haber podido reglamentar dos nuevos capítulos es un avance trascendental, pero ahora es importante ir a los territorios a explicarlos para que la comunidad se apropie de los decretos y ayude a materializarlos”, concluyó Alexander Rodríguez.
De izquierda a derecha: Margarita Flórez, abogada con especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario; Absalón Suárez, del equipo de Territorio y Ambiente del PCN; Mary Carmenza Arriaga, ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia; Alexander Rodríguez, de Cocomacia y Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
